La presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador por Pachakutik (PK), ha sido destituida por decisión de la mayoría del pleno el pasado 31 de mayo del 2022. La sesión en la que ocurrió dicha destitución fue la 772, donde se trataba el informe de la Comisión Pluripartidista ad hoc, en la que se recomendaba la destitución de su cargo debido a un supuesto incumplimiento de funciones. Esto ocurrió tras la denuncia del asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres. Por otro lado, la asambleísta por Unión por la Esperanza (UNES), Marcela Holguín, propuso por su lado la moción por la destitución de la presidente. El paso a seguir, sería la sucesión de Virgilio Saquicela.
Para ese mismo día, Virgilio Saquicela fue sucedido como presidente de la Asamblea, tras el juramento llevado por el asambleísta Darwin Pereira, como vocal del Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Saquicela convocó a la continuación de dicha sesión para el pasado miércoles, con el objetivo de debatir los puntos del orden del día. Además, anunció que esta misma semana convocará a la instalación de una nueva sesión, para poder resolver en segundo debate sobre el proyecto de Ley de Uso Legítimo de la Fuerza.
Para cuando se votó por la moción de la sustitución, Saquicela le dio una hora a Llori para presentarse en pleno y pueda ejercer su derecho a la defensa. No obstante, tras la ausencia de la ex presidente de la Asamblea, se dio lectura al informe de la comisión, y después de dos horas Llori no llegó al pleno.
Las respuestas de Llori han sido contundentes respecto a su destitución. Ya ha anunciado públicamente que no renunciará a su partido, que lleva una historia de resistencia por más de 2 décadas. Ella considera que el proceso de su destitución fue ilegal y parte de “un plan de Correa, Nebot e Iza” por un supuesto “reparto de cargos” en los puestos. “De manera ilegal se tomaron por asalto la Presidencia de la Asamblea, soy una mujer de fé, Dios no va a permitir que Ecuador tenga presidentes ilegales y que quieren el reparto del Pleno y tiene el objetivo de llegar a controlar el Consejo de Participación Ciudadana”. Llori asegura no haber incumplido ninguna norma ni procedimiento legislativo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es por lo que se le acusa. Agregó también que en la Asamblea existe racismo y violencia hacia las mujeres políticas.
La destitución de Llori solo representa una evidencia más de la fuerte crisis de institucionalidad que la administración pública ecuatoriana está viviendo. Por un lado, un poder ejecutivo que se encuentra tambaleando tras una muy baja aceptación pública, un poder legislativo sin mando prepotente, un poder de transparencia y control social también frágil, y un país que se encuentra sufriendo de una ola de delincuencia masiva. Le hace falta al país que todos los poderes cumplan su función de la manera más activa posible.
