El país está actualmente atravesando por un importante estremecimiento en cuanto a sus instituciones públicas. Hasta el mes de febrero, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) poseía de dos presidentes: Hernán Ulloa y Sofía Almeida. Esto a su vez, causó mucha inestabilidad en las instituciones responsables del Consejo: la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, la Superintendencia de Compañías, Fiscalía, Defensoría Pública y Procuraduría.
Otro caso que llama la atención al ojo público es la Contraloría, quienes manejan la regulación de las arcas públicas del Estado. Es decir, esta institución es la que controla de qué forma los funcionarios gastan o invierten con el dinero de los impuestos de los ecuatorianos. Carlos Pólit, último contralor designado oficialmente, estuvo 10 años en su cargo para luego renunciar repentinamente en el 2017. Pablo Celi fue quien lo reemplazo, no obstante, fue censurado por un juicio político y está actualmente siendo investigado por posible corrupción. Tras su período, lo sucedió Carlos Riofrío.
Existe una falta importante de designación de autoridades oficiales. En el caso de la Contraloría, la última designación oficial fue en el 2017. La de la Defensoría del Pueblo, en el 2020. La de Defensoría Pública, en el 2019. La del Consejo Nacional Electoral, en el 2018. Por lo que existe una coyuntura importante en cuanto a la estabilidad de las instituciones públicas, que debe ser atendida.
El más reciente malestar en cuanto a la institucionalidad del Ecuador fue con respecto a la función legislativa. El bloque correísta de Unión por la Esperanza (UNES) cuestionó el liderazgo de Guadalupe Llori como presidente de la Asamblea Nacional, mencionando que su administración no tiene soporte de la mayoría de los asambleístas, y que debe ser evaluada. No obstante, se presume sobre el posible interés de la Unes de controlar la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana, para poder tener voz y voto en la designación de autoridades importantes dentro del sistema burocrático del país.
Tras este malestar presentado por dicho partido político, se debatió en la sesión 767 de la Asamblea el pasado 9 de marzo, la moción para la creación de una comisión con el objetivo de evaluar al Consejo de Administración Legislativa (CAL). Dicha moción no se aprobó, tras haber conseguido 69 votos a favor, de 70 que necesitaban. Desde la función ejecutiva, Guillermo Lasso se pronunció mencionando que la Asamblea debe poner los intereses del pueblo ecuatoriano primero, antes que cualquier interés por poder de cada partido político.
Las acciones por parte de los legisladores de dicha función demuestran esta creencia enraizada en el país, en cuanto a los intereses propios de partidos políticos por encima de cualquier necesidad que el pueblo ecuatoriano tenga. Cada burócrata debe tener en cuenta en cada acción que toma, cómo esta beneficia al país y a su gente. El pensamiento estratégico desde el afán de querer un mejor país, mas no desde cómo aumentar el poder de mi partido político.
