En marzo del 2017, el Estado ecuatoriano realizó dos concesiones mineras a la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) para fase de exploración inicial en mediana y gran minería. Dentro de esta concesión, aproximadamente 3568 hectáreas del Bosque Protector Los Cedros se encuentran comprometidas. Esto representa el 68% de esta área. Junto a su aliado estratégico Cornerstone S.A, empresa canadiense, la ENAMI EP empezó a operar en julio de ese mismo año.
A finales de noviembre del 2018, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cotacachi, se presentó una acción de protección ante la Corte cantonal. La acción pide la revocación del registro ambiental a la empresa trabajando dentro del Bosque. Su argumento base radica en que a pesar de que Los Cedros no consta en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) en el año 1994 lo declaró área de Bosque y Vegetación Protectores. A pesar de que el reglamento del Código Orgánico Ambiental vigente prohíbe la minería en bosques protectores, la ENAMI EP y Cornerstone S.A actualmente siguen operando dentro de Los Cedros.
En la audiencia en la Unidad Judicial del Cantón Cotacachi tras la acción de protección, el juez Óscar Coba Vayas la negó alegando que no existían pruebas del daño ambiental que la empresa ha causado. Además, también se la negó debido a que no existen comunas o comunidades viviendo dentro del Bosque. A pesar de que el artículo 71 de la Constitución del Ecuador menciona: “toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”. El GAD de Cotacachi apeló tras la decisión del juez, y pasó a segunda instancia a la Corte Provincial de Imbabura. Después de una visita al territorio y dos audiencias, en junio del 2019 la Corte Provincial aceptó de manera parcial la acción de protección. Se aceptó que las comunidades afectadas por la minería, entre esas Brilla Sol y Magdalena Alto, no habían sido consultadas.
Después de haberse enfrentado con una parcial aceptación, el GAD de Cotacachi decidió llevarlo a mayores instancias y presentó una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, pero no fue aceptada. Simultáneamente, la ENAMI EP presentó una acción extraordinaria a la Corte, y fue aceptada. Actualmente, se está trabajando sobre el caso en la Corte Constitucional pero aun no se conoce de ninguna resolución en cuanto a la acción de protección de la ENAMI EP. Sin embargo, las operaciones no han parado desde julio 2017, 4 meses después de su concesión.
Según el artículo científico New Mining Concessions Could Severely Decrease Biodiversity and Ecosystem Services in Ecuador publicado en SAGE Journals, en el área de la frontera entre el Bosque Protector Los Cedros y la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas viven 179 especies con alto riesgo de extinción. Entre esas se encuentran el mono araña de cabeza morena (Ateles fusciceps), el mono aullador con manto (Alouatta palliata) y el capuchino de cabeza blanca (Cebus capucinus). La preocupación no solo se trata de las especies en peligro sino también por la fuerte contaminación del agua causada por las relaveras, que son las piscinas en las que se depositan los desechos de la extracción minera.
El pasado 19 de octubre de este año, la Corte Constitucional con el juez Agustín Grijalva realizó una audiencia pública e inició un proceso de revisión del fallo parcial de la Corte Provincial de Imbabura. Dicha audiencia tuvo una duración de 15 horas y se acordó que la Corte Constitucional debe dictar una sentencia y presentar un precedente legal sobre 3 puntos. El primero sobre el contenido de los derechos de la naturaleza, sobre las limitaciones de compromiso en cuanto a instituciones estatales en cuanto al monitoreo y seguimiento de concesiones mineras, y sobre la fijación de límites de áreas declaradas como bosques protectores y vegetación protectora.
La situación controversial minera en Cotacachi remonta hace varios años atrás. Técnicos del Ministerio de Energía y Minas descubrieron en 1980 el potencial minero del territorio en Cotacachi, y en el año 2004 el estado ecuatoriano otorgó la concesión de cinco mil hectáreas a la compañía canadiense Ascendant Explorations. Reiteradas veces, en 1997 y en el 2006 Auki Tituaña, alcalde de Cotacachi, habría ya manifestado su rechazo hacia la actividad minera en instancias como la Asamblea Cantonal y el Gobierno Municipal. Desde ese entonces ha mantenido su posición con prepotencia: “nos amenazaron con militarizar la zona de Íntag pero hasta ahora esperamos”, “si lo hacen lograrán que nuestra lucha sea más contundente”. Se mantienen rumores que Tituaña ha tomado una posición como defensor del pueblo cotacacheño debido a intereses personales, al igual que quienes habitan en las comunas, sin embargo no hay pruebas que lo confirmen. Según lo que alega, la gran mayoría del pueblo cotacacheño rechaza la actividad minera y por eso el alcalde se ha mantenido firme en la lucha.
