La violencia de género sigue siendo uno de los males más grandes de la sociedad, y el Ecuador no está excluido de esto. En el caso del país, según cifras del Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 6 de cada 10 mujeres han sufrido de violencia de género en algún punto de sus vidas. Estos datos van en concordancia con los recogidos por las Naciones Unidas, que reportan que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido de violencia física o sexual. Además de eso, un informe del año 2020 de ONU Mujeres certificó, basado en 13 países distintos, que durante la pandemia 2 de cada 3 mujeres sufrieron de algún tipo de violencia o a su vez, conocían de alguna mujer que sufrió de aquello. A pesar de esto, se mencionó también que únicamente 1 de 10 mujeres recurrirían a la policía en forma de socorro para estos casos.
Las leyes ecuatorianas amparan a las víctimas de violencia de género bajo múltiples circunstancias. La Ley Orgánica Integral Para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres se encuentra en vigencia. La misma tiene el objetivo no solo de erradicar dicho tipo de violencia ejercida contra el sexo femenino, sino también para “transformar los patrones socio-culturales y estereotipos que naturalizan, reproducen y perpetúan la violencia de género”. Los tipos de violencia penados por esta ley incluyen violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica. En todos los ámbitos también mencionados; incluido el intrafamiliar o doméstico, educativo, laboral, institucional, político, gineco-obstétrico, cibernético, mediático, en el espacio público o callejero y comunitario.
Es una realidad que, en el caso de Ecuador, se reconoce objetivamente el problema que la violencia de género representa. No obstante, eso no necesariamente confirma que los procesos son respetados, o que esto se aplica adecuadamente en práctica. Según investigaciones del diario La Hora, entre el año 2019 y 2021, 95167 mujeres han presentado denuncias por violencia intrafamiliar, sin embargo, solo 1266 han tenido una sentencia. Bernarda Ordóñez, actual secretaria de DDHH, mencionó que hay ciertas zonas que tienen una psicóloga para tres provincias. Por lo que la atención a mujeres cuando viven episodios de violencia, se ve gravemente afectada.
Los problemas detectados son directamente proporcionales a lo que se puede evidenciar cuando se denuncia un episodio de violencia de género. Los procesos son extremadamente engorrosos, los funcionarios públicos no buscan la manera más adecuada de tratar a la víctima, desconocen de los procesos correctos para seguir con la denuncia, poca disponibilidad de quienes deben atender este problema, entre otras razones. Para este año, la secretaria mencionó que han aplicado un proyecto de inversión con el objetivo de prevenir y atender la violencia de género, donde USD 24 millones están siendo destinados. Con esto, se espera que los procesos e instituciones mejoren su calidad de servicio, y los procesos puedan ser debidamente llevados a cabo.
