La pandemia por el nuevo virus COVID-19, está generando múltiples impactos globales sin precedentes a nivel social, económico y ambiental, que afectan la nutrición y la seguridad alimentaria de la población, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos con sistemas de salud y de seguridad social precarios donde los efectos de esta emergencia alimentaria mundial se acentúan más.
Se estima que antes de la pandemia alrededor de 821 millones de personas padecían de hambre crónica, 135 millones vivían con una inseguridad alimentaria aguda y un tercio de la producción alimentaria mundial continúa desperdiciándose. Según las últimas estimaciones de la ONU, como mínimo, otros 83 millones de personas, y posiblemente hasta 132 millones, pueden pasar hambre en 2020 como resultado de la recesión económica provocada por la pandemia. En el Ecuador más de 4 millones de personas carecían de acceso a alimentos seguros, inocuos y suficientes, y se perdían casi 939 mil toneladas al año, una cantidad que alimentaría a 1.5 millones de ecuatorianos.
Es esencial reconocer que los grupos más vulnerables a la crisis alimentaria y nutricional en este contexto son aquellos que ya estaban expuestos a privaciones alimenticias antes del inicio de la pandemia, como son los pequeños agricultores, pescadores, ganaderos, migrantes, obreros y trabajadores informales cuya fuente de ingresos y de medios de subsistencia han sufrido un descenso significativo, que no solo ha deteriorado su acceso a alimentos sino también el de sus familias. Estos dependen de los espacios públicos y viajar a los mercados para vender o comprar productos y / o insumos para su sustento, por lo que han tenido que acudir al intercambio de productos no monetarios, formas de cooperación, solidaridad y reciprocidad que hace unos meses casi no se utilizaban.
Los desafíos por movilización y disponibilidad que ha sufrido la cadena de suministros alimentarios ha dado lugar a una disminución importante de la oferta de los mismos. Adicionalmente, y como consecuencia del aumento del desempleo a nivel nacional (solo el 32% de la población tiene empleo adecuado), un poder adquisitivo limitado, la pérdida de remesas, los gastos médicos inesperados, la inflación de precios, se ha limitado el acceso a alimentos suficientes y variados.
El Ecuador tendrá que reequilibrar las políticas que tengan en cuenta la nutrición en toda la cadena de suministro de alimentos e incentivos agrícolas. Las políticas de protección social que aborden la nutrición también resultarán esenciales para incrementar el poder adquisitivo de las poblaciones más vulnerables y la asequibilidad de las dietas saludables para las mismas. Esto genera una necesidad urgente de priorizar la protección a los más vulnerables, mantener funcionales las cadenas nacionales de suministro de alimentos y mitigar los impactos de la pandemia en todo el sistema alimentario.
