Tras las denuncias de delitos de cohecho durante el gobierno de Rafael Correa presentadas por Fernando Villavicencio, y las investigaciones por la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia notificó este 8 de septiembre la sentencia contra 18 acusados en el caso Sobornos 2012-2016. Entre los sentenciados se encuentran el expresidente Rafael Correa y su vicepresidente, Jorge Glas. A pesar de que 13 de los 20 condenados pidieron aclaración y ampliación de la sentencia de casación, incluido Rafael Correa, el Tribunal negó estos recursos por ser “no pertinentes”.
La condena para el exmandatario incluiría el cumplimiento de prisión de 8 años (al igual que la mayoría de los sentenciados), y la reparación integral al Estado de una suma de $14,7 millones de dólares para todos los sentenciados. Si el exmandatario Correa llega al país o es extraditado, comenzaría directamente con el cumplimiento de su sentencia. Esta sentencia, además, da paso para que el exmandatario quede inhabilitado de la política de por vida. El artículo 113 numeral 2 de la Carta Política menciona que “quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado”, participen en cargos de elección popular. A pesar de que se dictó ya una sentencia, se cree que existen anomalías jurídicas a tomar en cuenta. Dichas anomalías se encontrarían arraigadas en un deseo colectivo de certidumbre en cuanto a la figura del exmandatario dentro de las elecciones del Ecuador en el 2021.
Xavier Andrade, doctor en Jurisprudencia y profesor del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ, menciona que definitivamente había un antecedente social, que causaba mucha presión en cuanto al veredicto final del caso Sobornos. “Había que resolver el caso de Rafael Correa, este juicio prometía mucho frente a las elecciones”. La sociedad ecuatoriana clamaba por el ejercicio de la justicia; así sea que se haga una declaración de inocencia o culpabilidad. Este escenario de incertidumbre política en cuanto a las elecciones del Ecuador, y un antecedente social de incertidumbre en cuanto a esta investigación, dio paso para alteraciones en el proceso.
Juan Pablo Albán, Doctor en Jurisprudencia y profesor del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ, menciona que “en este caso se ha atropellado todos los más elementales estándares del debido proceso que recoge nuestra constitución y los estándares internacionales de derechos humanos por los que voluntariamente nos hemos obligado”. Se han encontrado irregularidades dentro del proceso judicial y el tratamiento de este caso; como el cambio de imputación por un delito a otro (ambos de cohecho), el impedimento del ejercicio de defensa de los acusados por tiempos extremadamente cortos dentro de las audiencias para el desarrollo de sus alegatos, declaratorias de responsabilidad penal colectiva y no personales, e incluso la consideración poco adecuada de los planteamientos formulados por sus defensas en las fases de casación. Quedaba una preocupación recurrente dentro del contexto del caso, la agenda electoral a la que se creía que había que responder. En cuanto a este hecho, Juan Pablo Albán menciona que desde que se empezó a tratar este caso, “la lógica del proceso implica en primer momento un trámite regular, y luego empiezan a correr, cada vez más rápido. El calendario electoral lo alcanzaron con las justas”. No solo la sentencia responde a un calendario electoral pero también da paso a la creencia de una justicia ecuatoriana parcial, directamente proporcional a la satisfacción del poder de turno y vengativo para el poder anterior.
No se niega la culpabilidad del vasto escenario de corrupción dentro del gobierno anterior, pero tampoco se podría afirmar justicia dentro de esta sentencia. Ante esto, Albán menciona que sobornos es una ‘oportunidad perdida’: “Ecuador tenía la oportunidad de inaugurar su independencia judicial, y la oportunidad de ofrecerle a Correa un juicio justo. Si se va a luchar contra la corrupción, no se puede luchar de forma corrupta”. La justicia ecuatoriana se encontraba fuertemente influenciada por la presión del deseo de una respuesta concreta, dentro un contexto de tanta incertidumbre en cuanto al futuro político del país.
Si bien la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 otorga un poco de claridad en cuanto al futuro político del país, deja mucho que desear en cuanto a la justicia ecuatoriana. Con la sentencia se reafirma no solo la presencia de una débil institucionalidad dentro del Ecuador pero también una justicia que trabaja para la beneficencia del gobierno de turno, mas no una justicia que trabaja por lo justo. En cuanto a la independencia del aparato judicial del país todavía se tendrá que trabajar en ello.
