Entrevista a Juan Pablo Aguilar

Podría decirnos que actividad desempeña en la actualidad?

Actualmente soy profesor titular en el área de Derecho Público, en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito.

¿En el año 1999, durante el gobierno del presidente Mahuad usted dirigía el departamento de asesoría legal de la Presidencia de la República. ¿Cuáles eran sus principales funciones en ese momento? 

Durante el gobierno del doctor Mahuad tuve a mi cargo la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, que se hacía cargo de todos los asuntos de orden legal en que estaba involucrada la Presidencia o que debían ser conocidos o aprobados por el Presidente de la República, fundamentalmente proyectos de decretos ejecutivos, proyectos de leyes a ser remitidas al Congreso Nacional y revisión de las leyes aprobadas por este último y sometidas a conocimiento del titular de la Función Ejecutiva.

A mediados del año 99 un grupo de ciudadanos del cual formaban parte la ingeniera Joyce de Ginatta, el doctor Pablo Lucio Paredes y otras personas, lanzaron una iniciativa para que el Ecuador dolarice. Varios meses más adelante el gobierno del presidente Mahuad adopto esta medida. ¿Cuál fue su participación en la dolarización? 

Al menos desde 1998, se venía planteando en el Ecuador la idea la dolarización. A mediados de 1999, era una de las alternativas que se planteaba para solucionar la crisis que enfrentaba el país; veinte años después, el consenso acerca de las virtudes de la dolarización hace pensar que era una medida obvia y se olvida fácilmente que, en ese entonces, era una propuesta entre otras, sobre la que no había consenso y que, incluso, era abiertamente rechazada por un buen grupo de personas. En agosto o septiembre de 1999, el presidente Mahuad me pidió que analice los aspectos jurídicos de la dolarización; qué había que hacer, desde el punto de vista legal, para ponerla en marcha y qué problemas de índole jurídico había que resolver para ello. Al mismo tiempo, otras personas estudiaron, también por encargo del Presidente, los temas económicos y las experiencias internacionales que podían ser útiles a la hora de optar por un cambio tan radical en el régimen monetario. Con el doctor Mario Prado, entonces miembro del Directorio del Banco Central del Ecuador, trabajamos en el tema y desarrollamos un esquema general del que debería ser el contenido básico de la ley que sería indispensable para establecer y regular la dolarización. Durante estos veinte años, se ha sostenido que el presidente Mahuad pudo haber dolarizado mucho antes de enero de 2000 y que cuando lo hizo buscaba simplemente salvar su gobierno. Esta visión es por lo menos simplista, si no mal intencionada; parte de la idea de que todo era soplar y hacer botellas, optar por la dolarización y tomar la decisión de ponerla en marcha. Era realidad, el tema era más complejo. A diferencia de constituciones anteriores, que asignaban al Presidente de la República competencias relacionadas con el régimen monetario, como fijar el tipo de cambio por ejemplo, la de 1998 trasladó esas funciones al Banco Central; este último era concebido como un ente autónomo, cuyos integrantes no eran designados por el Presidente de la República sino por el Congreso Nacional a propuesta del Presidente y, por ende, eran el resultado de una negociación política, no recibían directivas del Ejecutivo ni respondían, necesariamente, a los criterios de este último. De hecho, en materia de dolarización, una mayoría de miembros del Directorio del Banco Central, incluyendo su presidente, Pablo Better, se oponían abiertamente a la dolarización; en otras palabras, la autoridad que constitucionalmente debía resolver si se ponía o no en marcha la dolarización, no estaba de acuerdo con ella. A esto se sumaba las necesarias reformas legales, que hacían indispensable contar con una mayoría parlamentaria que lo asegurara. No bastaba, entonces, como se cree generalmente, con una decisión del Presidente de la República; lo que este debía conseguir no dependía de su sola voluntad sino de contar con una mayoría en el Congreso y conseguir que el Directorio del Banco Central asuma la dolarización como alternativa.  Eso es lo que se consiguió en enero de 2000 y permitió a Jamil Mahuad hacer el anuncio que hizo el 9 de ese mes. A partir de entonces, el trabajo que en los meses anteriores se hizo con la reserva que el caso ameritaba, se concretó en la preparación del proyecto de ley, que se conocería como Trole I, que estableció el nuevo sistema monetario e incluyó, además, temas fundamentales como una reforma laboral, la definición de reglas de transparencia en el manejo de las cuentas del Banco Central, la generación de un esquema de disciplina fiscal, todo desmontado durante la década correista, y una serie de aspectos adicionales. Desde el 10 enero de 2000 trabajé, junto con un equipo de técnicos de diversas instituciones, en la preparación del proyecto de ley, proyecto que estuvo listo cuando el golpe de estado del 21 de enero dio inicio al gobierno de Gustavo Noboa Bejarano. Ese proyecto fue el que entregué al doctor David Paredes, que se hizo cargo inicialmente de la asesoría jurídica de la Presidencia, y fue el que con pocas modificaciones se promulgó como ley de la República en marzo de 2000.

En las propuestas de dolarización se analizaba con bastante detenimiento el lado económico de la medida, pero pocas personas se habían detenido a analizar el aspecto legal y constitucional. ¿Cuál fue su criterio en este sentido? 

Desde el punto de vista legal había algunos temas que debían ser abordados. Uno primero y obvio tenía que ver con la identificación de las normas entonces vigentes, que debían ser modificadas como consecuencia de la adopción del nuevo sistema monetario. Había, además, un problema de orden constitucional, pues la Constitución de la República disponía que el sucre era la unidad monetaria del Ecuador; esto llevó a que muchos sostengan que la dolarización era inconstitucional pero, en realidad, lo que se hizo no fue sustituir la unidad monetaria sino autorizar la libre circulación de divisas extranjeras en la economía ecuatoriana; la unidad monetaria seguía siendo la misma, pero el régimen monetario admitía la circulación de otras monedas. Esto no era tampoco ninguna novedad, y había ocurrido ya en otros momentos de la historia nacional. Adoptar la dolarización implicaba una amplia reforma legislativa, pues había que modificar un ordenamiento jurídico pensado para un sistema monetario radicalmente distinto a aquél que se pretendía poner en marcha. Aunque este era un tema fundamental, había sido dejado de lado, o abordado con visiones bastante simplistas, en todas las propuestas que hasta entonces se habían hecho públicamente en relación con el tema y que no iban más allá de los contenidos económicos del nuevo sistema. Fue el trabajo desarrollado por el equipo jurídico de la Función Ejecutiva el que permitió diseñar una propuesta legislativa constitucional y adecuada para poner en marcha y regular el nuevo sistema monetario; fue, como se ha visto, un trabajo que no podía hacerse de la noche a la mañana y que, de hecho, llevó varios meses de estudio y preparación.

¿Cree usted que el país podría salir de la dolarización en algún momento, cómo podría darse este proceso y cuáles serian las consecuencias? 

No soy la persona adecuada para responder esta pregunta que tiene implicaciones más económicas que legales. Es en el espacio de la economía donde deben establecerse las medidas que permitan sostener un sistema cuyo marco legal está claramente definido; si una inadecuada política económica destruye la dolarización, no habrá marco jurídico capaz de contener la realidad. Lo mismo que ocurrió hace veinte años, cuando la economía ecuatoriana estuvo dolarizada mucho antes de que hubiera un mandato legal en ese sentido. Así que dejo el tema en el mundo de la política económica y paso la pregunta a los economistas.

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