En 2007, Ecuador creó un mecanismo para rendir cuenta sobre los hechos ocurridos entre 1984 y 2008. Así nació la Comisión de la Verdad, con la finalidad de esclarecer los hechos y responsabilidades de las violaciones de Derechos Humanos.
En 2010, mediante un informe, la Comisión de la Verdad dio a conocer las violaciones cometidas y realizó una lista de las 456 víctimas de dichas violaciones. Además hizo recomendaciones al Estado para reparar a los perjudicados. Cinco años después, ninguna de las 456 ha sido reparada.
Juan Pablo Albán es abogado en Derechos Humanos y profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente maneja algunos casos de las víctimas reconocidas en el Informe de la Comisión de la Verdad. Junto con otras organizaciones y a nombre de la Universidad San Francisco de Quito, pidió a la CIDH una audiencia temática para tratar este tema.
El 19 de octubre se estableció la audiencia temática las oficinas de la CIDH en Washington DC, a la que el Estado no se presentó.
¿Qué querían lograr cuando pidieron esta audiencia temática a la CIDH?
Queríamos promover un poco de conciencia en las autoridades públicas que tienen que administrar este proceso de reparación, de que se están demorando demasiado. El informe se entregó en octubre de 2010 y a la fecha – ya han pasado 5 años – solamente se han logrado resultados muy pequeños en seis casos, sin que en ninguno de ellos existan sentencias fijas. En materia de reparaciones, ninguna de las víctimas a nivel nacional ha recibido todavía una reparación de ninguna naturaleza.
¿Cree que la audiencia fue positiva a pesar de que el Estado no se haya presentado?
Fue positiva en tres sentidos. Primero, estaban preocupados por el tema; preocupados por la ausencia de Ecuador. La presidenta de la comisión se acercó al final de la audiencia y nos ofreció que va a mandar una carta requiriéndole al Ecuador la información dado que no se presentó, y eso ya es un gran paso.
Segundo, me parece positivo porque las víctimas han finalmente levantado su voz. Siempre hubo mucho temor de que si hacían algo, el efecto a nivel interno podría ser que ya no se les repare y que ya no se lleve a juicios sus casos. Venciendo ese temor, las víctimas han decidido ir a contar su experiencia. Lo hizo Clara Merino a nombre del Comité Nacional de Víctimas allí. Como no le dieron visa a Susana Cajas, lo hizo a través de un video. Susana Cajas es asambleísta por Alianza País. Es muy decidor que una miembro de la Asamblea por el partido del gobierno critique al Estado por no hacer ciertas cosas.
Lo tercero que me parece positivo es que se ha informado a nivel internacional sobre algo que es poco conocido. En este país, desde luego a menor escala, tuvimos represión estatal. Cuando la represión en Argentina, en Uruguay, Paraguay y Chile era por parte de gobiernos militares, acá la represión fue por parte de gobiernos civiles. Se ha generado un poco de conciencia internacional sobre la situación en la que se encuentran esas víctimas.
¿Cuál es la importancia para estas víctimas de que se cumplan las recomendaciones que había dado en Informe la Comisión de la Verdad?
Estamos hablando de crímenes muy serios: gente detenida arbitrariamente, gente torturada, gente abusada sexualmente mientras estaba detenida, personas desaparecidas cuya situación hasta ahora se desconoce, personas ejecutadas por las fuerzas del orden. Son delitos muy graves. La falta de justicia viene primero desde el punto de vista de su integridad emotiva y psicológica. De manera permanente están reviviendo lo que les pasó y están sufriendo.
Más allá de esto, hay efectos colaterales. Por ejemplo, el hecho de que ciertas personas no puedan conseguir trabajos normales porque han sido señaladas como terroristas. También hay gente que tiene secuelas físicas permanentes por el tipo de torturas que les hicieron. Pagan los medicamentos desde su propio bolsillo, pagan las consultas médicas de su propio bolsillo o directamente no se hacen los chequeos. Hay gente que tuvo que dejar sus estudios e irse de su país. Estos defectos deben ser paleados. No basta con que el gobierno o el Estado diga públicamente “sí, esto pasó”. Además de reconocer que sucedió, debe hacer algo a favor de esas víctimas.
¿Cuál es la importancia de que la Universidad, sobre todo su consultorio jurídico, se involucre en la judicialización de estos casos?
Para esta Universidad, yo creo que es una oportunidad única para los estudiantes de derecho de poner en práctica la información teórica que les damos. Como formación práctica es valiosísimo que el consultorio gratuito esté involucrado en estos casos, por eso los vamos a seguir tomando.
