Tras 18 días de paro nacional en el Ecuador, el gobierno y la CONAIE llegaron a un acuerdo tras establecer un diálogo. El pasado jueves 30 de junio, con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ambas partes llegaron a un acuerdo para frenar el paro y el intento de destitución al presidente Guillermo Lasso.
Según el Ministerio de Producción, las pérdidas a causa del paro de este año fueron incluso mayores a las del 2019. Según sus estimaciones, la cifra aproximada es de USD 1000 millones. El detalle de la investigación menciona de $775 millones corresponden a pérdidas dentro del sector privado. Esto incluye tanto ventas locales como exportaciones. Por otro lado, las pérdidas representadas por el sector petrolero público y privado, llegan a los $225 millones. Se menciona también que las actividades que más se vieron perjudicadas fue la avícola, florícola, industria láctea, agricultura y ganadería, turismo, bananero, farmacéutica y fertilizantes.
Del lado del gobierno, en el equipo dentro de la mediación estuvo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el canciller Juan Carlos Holguín e Ivan Correa, secretario general de la Presidencia. Del lado de los movimientos indígenas se encontraron los presidentes de la CONAIE; Leonidas Iza, Eustaquio Toala y Gary Espinosa. El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Luis Cabrera, fue quien medió y facilitó el diálogo, junto con ocho religiosos más.
Ambas partes firmaron la denominada Acta por la Paz, en la que se detallan los acuerdos discutidos para poner fin al paro nacional. Dicho acuerdo consiste en los siguientes decretos ejecutivos, todos firmados por el presidente Lasso: declaración de emergencia al sector de la salud, disposición de gobernadores de provincias el control de precios para evitar especulación, incremento en el bono de desarrollo humano, imposición en el mercado de un aceite popular, reducción de 10 centavos en gasolinas extra, ecopaís y diésel. Entre otras importantes, se encuentra también reformar el Decreto Ejecutivo 151. Dicho decreto sería reformado para que actividades mineras no se puedan desarrollar en áreas protegidas, zonas intangibles y arqueológicas, áreas de protección hídrica y territorios ancestrales.
A pesar de esto, tras la mesa de diálogo, uno de los presidentes de la CONAIE, Iza, no firmaba todavía el acta. El presidente de la CONAIE manifestó la necesidad de incorporar nuevos puntos que no se habían discutido previamente. Se retiró de la sala con el objetivo de analizar el documento junto a otros dirigentes indígenas. Tras esto, Iza logró que se incluya el compromiso por parte del gobierno para la construcción de una propuesta de focalización de subsidios.
