El Ecuador pide una reforma laboral a gritos

Por: Jhossueth Almeida

El progreso de las naciones, tanto económico como cultural y social, ha estado atado a la generación de riqueza de parte de sus ciudadanos. La educación se convierte en inversión cuando está acompañada de oportunidades para crear valor a través de los conocimientos adquiridos. Inclusive, el crecimiento económico, como antítesis de la pobreza que es inherente a la naturaleza humana, nos permite solventar necesidades básicas de alimentación, vestido o la propia educación, para poder enfocarnos en temas como la sostenibilidad ambiental, derechos de los animales, la diversidad, y la inclusión social. Esa es la moralidad del capitalismo. Esa es la fórmula que ha funcionado en los países exitosos que mejor han logrado un alto nivel de vida para sus ciudadanos.

Ahora bien, ¿cómo se crea el crecimiento económico? Una forma concreta es a través de la generación de empleo. No el empleo en la burocracia, o el subsidiado y mantenido artificialmente por el Estado. El empleo que genere valor. Y este se obtiene a través de la entrada de inversiones en el país, dejando en paz a los emprendedores locales, y facilitando la contratación.

El Ecuador lo ha hecho muy mal en esto. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para septiembre de 2020 (al momento de la redacción de esta columna, el INEC no había publicado las cifras actualizadas), el empleo inadecuado se ubicó en el 60,4%, y el desempleo en el 6,6% de la población económicamente activa. Esto quiere decir que tan solo 3 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo adecuado. De estos escabrosos números, los más afectados son los jóvenes. El desempleo de personas entre 15 y 24 años supera la cifra nacional en 5 puntos porcentuales. Esta es la raíz de problemas sociales como la delincuencia, destrucción familiar, drogadicción, entre otros. Así, el Estado, desde Ejecutivo y Legislativo, debe enfocarse en facilitar la creación de empleos, recordando que este es el mejor programa social, como diría Ronald Reagan.

Estas cifras no son coincidenciales, si partimos del hecho de que el cuerpo normativo vigente en el país en materia laboral data de 1938. El Código del Trabajo de aquella época respondía a una lógica de obreros urbanos en una fábrica industrial, bajo evidente inspiración bolchevique. El Código mantiene instituciones anacrónicas que, obedeciendo a un falso maniqueísmo entre empleador y trabajador, han estancado la generación de oportunidades. Hoy, la relación laboral debe entenderse como un ejercicio económico conjunto con un objetivo: la creación de valor.

Un ejemplo de institución anacrónica es la jubilación patronal. Esta figura nace como un mecanismo de asegurar la jubilación para empleados del ferrocarril a inicios del siglo pasado, frente a un todavía incipiente sistema de seguridad social. Como no existían fondos de previsión, se le dio al empleador la carga de la jubilación de sus trabajadores. Hoy, con un sistema de seguridad social que se entiende universal (aunque requiere una reforma profunda), y la posibilidad de otros mecanismos de ahorro, este es un costo que los empleadores no deberían tener.

Este es solo un ejemplo de la necesidad de actualizar nuestras leyes en la materia, y acercarnos a los países que ha hecho mejor en este ámbito. En estados vecinos, el contrato por tiempo definido es a libre convenio entre ambas partes de la relación laboral, los periodos de prueba son más largos, y existe la contratación por horas, que está prohibida en el Ecuador a partir de la Constitución de 2008. Esta rigidez ocasiona que, para los empleadores, contratar un trabajador implique más obligaciones que las que puede significar el contraer matrimonio.

Hablando de costos de despido, por ejemplo, en Colombia el despido intempestivo asciende a un mes de remuneración por primer año de servicio y 20 días por cada año adicional, mientras que en Ecuador es un mes por año adicional. En Perú, existe un máximo de pago de 12 remuneraciones, mientras que en Uruguay este máximo es de 6 remuneraciones.

La flexibilidad y dinamismo laboral ha funcionado y hay que decirlo de frente. La libertad para contratar permite que tanto empleadores como trabajadores asuman la responsabilidad de convenir en términos que sirvan para cada situación específica bajo la premisa de generar valor y crear riqueza para ellos y sus familias. Estas políticas generan empleo y permiten que el que no tiene empleo pueda acceder a uno aunque sea temporal o por horas.

Y al final del día, la libertad en la contratación no beneficia solo a las grandes empresas, que de una forma u otra pueden hacer frente a los altos costos que implica la rigidez laboral. La libertad beneficia a los emprendedores. A la vecina que quiere ponerse la vulcanizadora y al vecino que quiere ponerse la peluquería. Ellos, con costos de contratación y despido más bajos, podrán iniciar de nuevo rápidamente en caso de quiebra.

Estamos a una semana de elegir presidente y legisladores. Veamos quienes están a favor de la generación de riqueza a través del empleo que genera valor, y quienes quieren mantenernos subyugados a la pobreza, a través de un Estado que pretende controlar cada aspecto de nuestras vidas. La decisión está en nuestras manos.

Jhossueth Almeida Villacís es abogado por Universidad San Francisco de Quito con estudios en la Universidad Pázmány Peter en Budapest, Hungría. Ex asesor legislativo y actualmente abogado en libre ejercicio profesional e investigador jurídico en la Fundación Ecuador Libre, think tank dedicado a la investigación y difusión de las ideas de libertad.

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