En un contexto tan marcado de coyuntura política, económica y social como la actual dentro del país, es imperativo para el Ecuador el replanteamiento del orden establecido. Si bien la emergencia sanitaria ha implicado no solo para el país sino el mundo entero una serie de cambios dentro de distintas variables, está más que claro que algunos modus operandi adoptados antes de la pandemia, se los debe reconsiderar también. Expertos dentro del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) ya habían hablado anteriormente sobre propuestas de reforma dentro del marco del sistema laboral ecuatoriano, con el objetivo de que sea más inclusivo y adaptado a la época. Dentro del contexto ecuatoriano, es imperativa la necesidad de un código de trabajo que beneficie a ambas partes. Es decir, no solo al empleado pero también al empleador. De esa manera habrá apertura para la existencia de más plazas de trabajo dentro del sector privado, una mayor y más efectiva productividad, mayor flujo de capital dentro del país por un sector privado mejor favorecido, y menos desempleo.
Luis Espinosa Goded, profesor del School of Economics USFQ, considera el problema de la nulidad del código laboral como “el elefante blanco en la situación del Ecuador, pues todo se deriva de la principal causa”. Tomando en cuenta que únicamente entre marzo a septiembre del 2020, se perdieron más de 410.000 empleos en el país. Pero esto tiene una causa con más trasfondo: según el ranking del Banco Mundial Doing Business, el Ecuador se posiciona en el puesto #129 dentro de todos los países en el mundo. Si el país no es atractivo para inversión extranjera, se reduce la capacidad productiva del país, ergo hay menos oportunidad para que empleadores tengan mayores capacidades de contrato. No solo esa es la traba principal sino también la complicada burocracia existente en cuanto a contratación y despidos; que no solo consisten en ardua tramitación, sino en altos precios en calidad de recursos. Lo que resulta en la reducida posibilidad de contratación para el empleador. Al Ecuador le urge no solo un escenario atractivo para una mayor llegada de inversión extranjera, sino también para un sector privado favorecido.
Para contrarrestar esta realidad, existen varias alternativas a poner en práctica. Luis Espinosa menciona que lo primordial que el Ecuador necesita aplicar en este ámbito es flexibilidad. La adaptabilidad es primordial no solo para el problema del desempleo sino también para el aceleramiento de productividad. “Contratos por horas, por servicios, con otras jornadas laborales”, son algunas de las alternativas que menciona. Estas propuestas originan en el hecho de la variedad de modelos de contratación que existen, pues no todos los trabajos se adaptan a una jornada de 8 horas laborables, de lunes a viernes. Por la misma problemática de falta de flexibilidad, se necesita eliminar el salario básico unificado. No solo debido a las diversas circunstancias que existen: “son distintas las realidades de cada ciudad, sector y contexto”. Un escenario donde en un contrato laboral se pueda negociar el salario dependiendo del tiempo de trabajo y productividad, sería mucho más sano tanto para el empleado como para el empleador. O incluso la posibilidad de que sindicatos, como instituciones reguladas, tengan la capacidad de regular dichos salarios.
La capacidad de adaptación es el rasgo más importante para el prevalecimiento. Al Ecuador le urge un escenario más flexible dentro del contexto de contratación laboral no solo para acelerar productividad, sino especialmente para mejorar la situación de las familias ecuatorianas. Una reforma laboral que favorezca el fortalecimiento del sector privado, implica de manera inmediata más plazas de trabajo para los ecuatorianos, lo que resulta en un mayor bienestar para las familias.
