Tráfico ilegal de especies: un problema con múltiples artistas

El tráfico de fauna silvestre es la comercialización ilícita de especies salvajes que son desarraigados de sus ecosistemas. Esta acción constituye el cuarto negocio ilícito más grande del mundo, pues funciona a nivel nacional, transnacional y transcontinental. En algunos países, la venta de carne silvestre es legal, aunque las especies fueron compradas en el mercado negro. Los animales más apetecidos por su piel son los felinos, osos, serpientes y caimanes. Las aves vivas, reptiles y anfibios son traficados para mascotas. Los peces marinos, aletas de tiburón, pepinos de mar y huevos de tortugas son vendidos como manjares en algunos lugares de Asia del este.

La principal región afectada por esta problemática es Latinoamérica. Su biodiversidad, sumada a la débil gobernanza, corrupción, y sanciones leves atraen a traficantes y redes criminales, según Julia Salvador, investigadora ecuatoriana de la Wildlife Conservation Society (WCS). Además, la relación comercial entre Asia y América en la última década ha consolidado un terreno fértil para el comercio ilegal de especies. El decomiso e incauto de mercancía a personas de origen de asiático da indicio de que esas redes y mafias operan en América Latina. Se cree que las redes buscan especies homólogas a tigres, osos y pangolines, que están en peligro de extinción en Asia y venden jaguares, osos andinos y osos hormigueros.

El grupo más traficado desde Latinoamérica para comercio internacional son las aves. En Brasil, se estima que las aves representan 80% de la cantidad total de animales traficados. En Centroamérica, las poblaciones de guacamayas rojas han sido reducidas a menos de 2000 individuos. Quedan aproximadamente 300 en Guatemala y menos de 250 en Belice. Especies marinas como el caracol rosado, y la tortuga marina (carne y huevos) son exportados a los Estados Unidos. Mientras que los pepinos de mar, los tiburones, por sus aletas, y la corvina blanca, por su vejiga natatoria, son traficados al mercado asiático.

En algunos países de Latinoamérica como Ecuador, la caza por subsistencia no está penada, pero la caza para comercialización, sí. Muchas veces, quienes cazan por subsistencia venden a escondidas esa “carne de monte” y la venden en zona de frontera. La demanda por carne silvestre ha incrementado la presión de cacería, diezmando las poblaciones de varias especies de mamíferos grandes en la región. La sanción por el delito de tráfico de vida silvestre es de 5 a 10 años en Latinoamérica, excepto para Ecuador, donde la pena es de 3 años, según el Código Integral Penal (COIP).

El tráfico de especies silvestres no solo tiene consecuencias para los ambientes naturales, sino también para la salud humana. En los mercados de fauna salvaje, los animales están vivos y hacinados. Las condiciones de encierro provocan estrés en los animales, haciendo que su población de virus aflore y aumentando la posibilidad de que los contagien a otros animales.  El sacrificio y las condiciones insalubres son un caldo de cultivo para la zoonosis, enfermedades transmitidas de animales a humanos. “El tráfico y consumo de fauna silvestre aumenta la probabilidad de desarrollar pandemias”, enfatiza Salvador.

En Latinoamérica se han identificado dos enfermedades zoonóticas. La fiebre hemorrágica de Machupo o fiebre hemorrágica boliviana, y la fiebre hemorrágica argentina o enfermedad de O’Higgins. Ambas son transmitidas por ratones del género Calomys. Esta especie no se encuentra en Ecuador. Por otro lado, en nuestro país se han registrado casos aislados de Hanta Virus, transmitido por roedores de campo a través del contacto con su salida, heces y orina. También ha habido casos de la enfermedad de Lyme, causada por una bacteria transmitida por garrapatas.

Julia Salvador cree que es posible combatir la problemática en nuestro país incrementando controles en las fronteras para evitar el tráfico, estableciendo compromisos binacionales para combatirlo, involucrando tanto a la sociedad civil como a las autoridades competentes para combatirlo, generando leyes y destinando recursos, pero, sobre todo, generando indicadores numéricos y registros que nos permitan tener un panorama cercano del tráfico de especies en el Ecuador.

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