Si tienes una cuenta en alguna red social, si tienes un celular inteligente o hasta si has navegado en internet lo más probable es que tu información personal ya esté en línea. Aunque parezca inofensivo publicar una fotografía de tu último viaje a las Bahamas, o de un día en familia en tu restaurante favorito, compartir este tipo de información implica un riesgo.
“A través del uso de la tecnología se han aumentado cierto tipo de crímenes que en algún momento eran ordinarios, ahora la forma de realizarlos es a través del espacio cibernauta”, explica Xavier Andrade, Abogado y Coordinador del Área Penal en la Universidad San Francisco de Quito, “como consecuencia de ello los ciudadanos nos vemos expuestos a conductas que violan nuestra intimidad”.
Después de la filtración masiva de datos personales de más de 16 millones de ecuatorianos, se generó una gran preocupación acerca de las posibles consecuencias de que esta información caiga en las manos equivocadas. Andrade explica que el uso de estos datos tiene varias vías. Una de ellas podría servir para cometer delitos como robo de identidad, phishing, estafa y fraude financiero, y otra serviría para vender datos a empresas interesadas en realizar telemarketing.
Ecuador, junto con Bolivia y Venezuela, es uno de los tres países latinoamericanos que no cuenta con una ley de protección de datos.
La constitución ecuatoriana garantiza y reconoce el derecho de las personas a la privacidad de datos, pero es “muy general al proteger tu identidad”, asegura Andrade. Es por esto que el pasado 19 de septiembre, el Ministerio de Telecomunicaciones presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la protección de datos personales, que propone frenar el mercado negro de información personal.
Para Andrade, la solución del problema no recae en la creación de más leyes, “la gente debe estar consciente de cuáles son sus derechos como ciudadanos, en cuanto a la intimidad, como consumidor, en cuanto a qué quiere que se revele o no”, explica, “uno podría exigir a los bancos que eviten enviar publicidad e información acerca de tarjetas, productos o servicios”
En el ciberespacio existe una línea muy fina entre lo público y lo privado. Si bien es necesario que el Estado implemente una ley que ejecute mecanismos de prevención y control para proteger nuestros datos, es también esencial que generemos prácticas para salvaguardar nuestra información personal y mantener control de ella.
