El disparo de un policía cobró la vida de Andrés Padilla. El joven de 26 años transitaba en Mascarilla, comunidad del Chota, cuando la policía detuvo el paso de varios carros incluido el suyo. Las autoridades estaban en busca de un sujeto que huía de un choque ocurrido en la comunidad Salinas, a 7 kilómetros atrás.
Los humos se elevaron y los comuneros protestaron por motivo del choque. El ex jugador del Mushuc Runa había bajado del carro para pedirle a la gente que se calme. Al regresar a su carro después de unos 10 pasos, un policía le disparó por la espalda a quema ropa.
Aquella bala en la cabeza cobró su vida al instante esa mañana del 23 de agosto. Andrés era comerciante y trasladaba vegetales al mercado de Tulcán. Se había graduado de mecánico y planificaba ser agente de tránsito. Aparte de su madre y sus hermanos, deja a una niña de cinco años sola.
Uno de los abogados del caso, Sebastián Campaña, explicó que presentaron una carta en la Fiscalía General de Estado y a la Fiscalía de Ibarra ya que no se trata de un simple homicidio. “Disparó por la espalda sin mediar fuerza alguna, solo lo ejecutó. Lo que pedimos es que se haga una reformulación de cargos y sea procesado por el delito que corresponde. Es un funcionario del Estado que atentó contra un civil. Se trata de una ejecución extrajudicial”, aseguró.
“Nosotros perseguimos que se haga justicia sin ningún tipo de sesgo. No podemos permitir este tipo de violación a los derechos humanos. Ni siquiera hay justificativo para el ataque a un joven que no estaba agrediendo a nadie”, dijo Orfa Reinoso, Consejera Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, quien también estaba afuera de la Fiscalía en Quito junto a más simpatizantes del caso.
“Aquí había protocolos de seguridad que no se siguieron. Este es un caso de derechos humanos. No falleció un afroecuatoriano, sino un ciudadano de este país. Nos apena saber que las personas caen en comentarios racistas como justificación para que alguien muera”, lamenta Kimberly Minda, miembro de la red de jóvenes del territorio ancestral. También se refirió a la desinformación de ciertos medios al implicar a Andrés en temas de narcotráfico o porte de armas aquel día. “En ningún carro que pasó por control se hallaron evidencias que vincule a Andrés ni a nadie con ese tipo de negocios”, asegura.
El único comunicado que la policía envió fue el día del fallecimiento exhortando a los oficiales a no difundir ningún video del incidente. Sin embargo, los testigos en la protesta impartieron en redes sociales lo ocurrido. El equipo jurídico está en la espera del cambio de cargos. En ese caso, la condena sería de 22 a 26 años según el Código Penal Integral, tratado como un homicidio. Campaña asegura que el objetivo de la protesta es que el Estado asuma responsabilidad en el caso.
